CUANDO LOS DEBATES COMIENZAN MAL
Carles Campuzano*

Con la aprobación el pasado 7 de julio del Proyecto de Ley de reforma de la ley de inmigración, el Gobierno Aznar daba luz a una modificación ya anunciada el pasado 22 de diciembre, justo en la sesión, la última sesión de aquella legislatura, en la que se aprobaba definitivamente el texto legal que venia a sustituir la hasta el momento vigente ley de extranjería del año 1985. Un anuncio confirmado durante la reciente campaña electoral y que los resultados del pasado 12 de marzo hacían prácticamente inevitable.

Una propuesta de reforma hecha muy desde la prisa y de aquí la ausencia de consulta con el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial tal y como la trascendencia de la materia que aborda la nueva ley aconsejaba que, obviamente, no consiste en la mejor manera de abordar la gestión del fenómeno de la inmigración.

En la génesis de esta reforma, o quizás mejor de esta contrarreforma, podemos encontrar, fundamentalmente, más explicaciones de carácter partidista, que razones de fondo. Y hago esta afirmación desde el convencimiento que con un buen desarrollo reglamentario de la ley y con una práctica, por parte de la Administración, rigurosa, aquellos aspectos que podían preocupar a un Gobierno, desde la lógica del cumplimiento de los diversos compromisos internacionales asumidos por España, de la gestión del flujo migratorio, de las posibilidades de actuar ante el incumplimiento de la ley por parte de personas inmigrantes, o cualquier otro argumento de los que hoy se están aduciendo por parte de los portavoces gubernamentales, podían haber encontrado aplicaciones muy sensatas y prudentes.

El Gobierno ha decidido forzar el cambio de la ley y además ha creado un estado, entre la opinión pública, favorable al mismo. Ha utilizado dos argumentos. De una parte, ha dicho que la ley ha provocado un aumento de las entradas irregulares de inmigrantes, manteniendo esta afirmación en la comparación con las cifras de pateras interceptadas o inmigrantes retornados a su país de origen en estos meses del año, con las cifras del conjunto del año 1999, obviando el hecho de que si la comparación la hiciésemos con los años 1991 y 1996, nos daríamos cuenta que es precisamente la existencia de un proceso de regularización extraordinario, como el que ahora se está produciendo, el que siempre provoca un aumento de las entradas irregulares. No hay más "presión migratoria" el año 2000, que en los años 1991 o 1996. Y es que un debate serio sobre la gestión del flujo migratorio nos debería llevar, también, a discutir como afrontamos la realidad de la inmigración irregular, cuales son sus orígenes, como tratamos a las personas que se encuentran en esta situación y cuales han sido las responsabilidades de las políticas desarrolladas hasta ahora y que han provocado la actual situación. Unas políticas que han comportado, entre otras cuestiones, que en junio del año pasado hubiera en España alrededor de 100.000 inmigrantes en situación irregular, con todo lo que implica para la dignidad de estas personas, y con todas las consecuencias de carácter social que se derivan. La falta de política de gestión del flujo migratorio, que ha caracterizado la actuación de los Gobiernos en los últimos años y las carencias del marco legal del año 1985 nos dan pistas para entender este fenómeno. Pero hay más cuestiones a valorar. Y es que seria bueno que asumiésemos que, inclusive al margen del proceso de regularización extraordinario en marcha, no hay otro efecto "llamada" que el paro, la pobreza, la miseria, la falta de libertad y respeto por los derechos humanos en los países de origen de la inmigración. No aceptar esta evidencia y, además, no llevar a cabo las políticas de desarrollo y cooperación que se derivan es una grave irresponsabilidad que nos afecta a todos.

Por otra parte, y como segundo argumento, el Gobierno ha afirmado que la nueva ley iba contra los acuerdos de Tampere. La reciente decisión del Gobierno de no pedir un dictamen al Consejo de Estado, que es preceptivo siempre que se legisle sobre la base de acuerdos internacionales o intergubernamentales, invalida este argumento, en la medida que queda claro que el proyecto de ley no se promueve en el desarrollo de ningún acuerdo de estas características. Por otra parte, los acuerdos de Tampere son, en todo caso, unas conclusiones de una cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, que deberán orientar la acción de la propia Unión y de sus miembros, y como tales conclusiones son suficientemente genéricas y por tanto interpretables. Otra cuestión, bastante más relevante, es la que se deriva del proceso de comunitarización de la política de inmigración que implica el Tratado de Ámsterdam

argumentos falaces, por tanto, que solo nos hacen entender la utilización partidista que el Partido Popular ha hecho hasta ahora de la cuestión migratoria.
Pero la reforma es inevitable y a mi entender seria necesario que fuesen capaces de aprovechar el proceso que se abre para marcarnos cuatro grandes objetivos en los próximos meses:

1- Alcanzar un gran Pacto de Estado para la integración social de la inmigración y la convivencia ciudadana, que sitúe el debate en el ámbito de la inmigración fuera del ámbito partidista y de su utilización con finalidades electorales.

2- Promover una verdadera política global de inmigración, fundamentada en la gestión inteligente de los flujos migratorios, la puesta en marcha de potentes políticas públicas orientadas a la integración social y a combatir la exclusión y la generación de recursos e iniciativas orientados al desarrollo social, económico y democrático de los países de origen de la inmigración

3- Esforzarnos en el trámite parlamentario de este otoño en recuperar el consenso en la definición del nuevo marco legal. El PP ha de entender que su mayoría absoluta no es suficiente para aprobar la nueva ley y los grupos de la oposición no han de caer en la tentación de convertir la cuestión migratoria en ámbito preferente de su legitimación de la acción de erosión del Gobierno

4- Preparar, de manera clara, al conjunto de nuestra sociedad para los cambios que la inmigración de origen no comunitario provoca y provocará en nuestro modelo social y cultural.

Creo que nos esperan unos meses complicados (la discusión parlamentaria de la ley, la finalización del proceso extraordinario de regularización, las previsiones para el contingente del año 2001,...) en los que nos convendría a todos recuperar un mínimo sentido común y comenzar, de verdad un proceso social y político que nos conduzca a asentar las bases de verdad del cambio de chip que el conjunto de la ciudadanía y de los poderes públicos nos conviene afrontar en el ámbito de la inmigración. es evidente que no hemos comenzado bien, pero no es menos cierto que tenemos margen para corregirnos.

*Carles Campuzano es diputado por CIU en el Congreso de los Diputados.